Índice de contenido
El Tribunal y la libre expresión
El 4 de mayo tuvo solución jurídica el diferendo abierto por la difusión de un mensaje publicitario de la organización Mexicanos Primero acerca de la reforma educativa. Como se puede recordar, el mensaje titulado “¿Y si los niños fueran candidatos” mostraba a cinco niños que reproducían la imagen y estilo de la y los candidatos a la presidencia de la República y los hacía expresarse de manera positiva acerca de la reforma educativa.
El mensaje fue impugnado ante el Tribunal Electoral por la Coalición Juntos Haremos Historia, que postula a Andrés Manuel López Obrador, de quien se sabe es contrario a esa reforma. Este diferendo llegó al Tribunal porque antes, en una decisión dividida, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE se decantó por la legalidad del mensaje, toda vez que, en su opinión, se expresaba sobre un problema de interés púbico y hacía uso de la libertad de expresión.
Pero los magistrados del Tribunal han visto las cosas de forma distinta. A su juicio, la expresión “… piensa bien y elige al candidato que apoye la transformación educativa” tiene una relación directa con el actual proceso electoral, pues invita a ejercer el voto “… en favor de una opción que fuera coincidente con la idea de transformación educativa”. Dicho de otra manera, encontraron que el mensaje viola “… el artículo 41 de la Constitución, el 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 14, 15 y 16 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, que prohíben a cualquier persona distinta del Instituto la contratación o adquisición de tiempos en radio y televisión para la difusión de promocionales en los que se trate de influir en el ánimo de los electores.”
Es importante no perder de vista cuál es el contenido de esta discusión. De eso ya hemos hablado antes. Desde luego el de la reforma educativa es un tema de primer orden para la sociedad, pero ello no es lo que se discute en la decisión del órgano jurisdiccional. Lo que se juzgó como ilegal fue la intervención de una organización privada, Mexicanos Primero, en el proceso electoral tratando de ejercer influencia en la decisión de las y los votantes. Que la causa defendida fuera buena o mala queda fuera de la valoración realizada. La resolución SUP-REP-131/2018 del Tribunal sólo constata que su difusión ha violado la prohibición constitucional de que los particulares adquieran tiempos en los medios electrónicos para pronunciarse sobre temas de agenda electoral que, casi por definición, son divisivos.
No deberíamos olvidar que el origen político de esta prohibición legal es claro: se trata de evitar que los poderes fácticos tengan una voz desproporcionada en las elecciones a través de su capacidad de comprar mensajes electrónicos que orienten las intenciones de voto. En este caso, el contenido –pertinente o excesivo, coherente o tendencioso, divertido o chocante- se excluye de la discusión. De lo que se discute y sobre lo que se resuelve es si su emisión violó la ley: y en este caso así parece haber sucedido.
Oaxaca y los “Juanitos trans”
El eje de esta crónica, como sabe la lectora o lector, es el proceso electoral federal 2017-2018. Sin embargo, como hemos comentado antes, la concurrencia de la elección federal con las de otros niveles de gobierno (estatal y municipal), no sólo hace de estos comicios un fenómeno genuinamente nacional sino que eleva la importancia y resonancia de lo que sucede en cada lugar donde los procesos corren. En este caso, la noticia viene del estado de Oaxaca, donde este 6 de mayo el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres ha denunciado que “… 17 candidatos fingieron ser mujeres transexuales para registrarse como aspirantes a presidencias municipales y otros cargos”, “acción que hicieron para burlar la ley de paridad, quitarle el puesto a una mujer e incluso buscar la reelección”. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó 19 candidaturas de personas trans (transgénero o transexuales), de las cuales sólo 2 habrían sido de genuinas personas de esa identidad sexual.
Para describir este caso, permítaseme usar un apelativo que, resultado de la picaresca electoral mexicana, ha tomado carta de naturalidad en nuestro lenguaje político: tenemos un caso de juanitos trans en Oaxaca. “Juanitos” o “juanitas” se llama a aquellas personas que actúan de forma contraria a la ética o a la legalidad -sustitución indebida, renuncia acordada de antemano, transmisión de la candidatura, etcétera- para hacerse con una candidatura o de plano con el cargo electo. En este caso, los juanitos oaxaqueños se habrían registrado de manera falsa para acreditarse como candidatas beneficiarias de la paridad de género.
Por la información ofrecida por el colectivo denunciante, las personas denunciadas, afiliadas a distintos partidos políticos, no son mujeres trans sino hombres, con vidas sociales acreditadas como varones y que sólo recurren a la figura de la paridad de género con el propósito de obtener el registro de sus candidaturas con base en tal engaño.
Esta trampa ha sido posible porque el IEEPCO había emitido lineamientos para los partidos en los que se establece el número de municipios que deben presentar candidaturas de mujeres y de hombres. De manera específica, estableció, en el artículo 16, que personas transgénero, trasexuales y de la comunidad muxe podían registrar sus candidaturas como mujeres, como una medida afirmativa para incrementar la participación política de un colectivo históricamente discriminado. En otras palabras, la norma electoral oaxaqueña interpreta como mujeres a los hombres que se han asumido como personas transgénero.
Pocos se hubieran esperado que casi dos decenas de hombres decidieran declararse trans con tal de obtener una candidatura. Lo que les ha servido de pretexto es que la norma acepta como mujer trans a quien se define como tal de manera voluntaria, es decir, mediante auto-adscripción. La ley no exige otro requisito.
Las organizaciones que defienden los derechos de las personas trans ya han reclamado la anulación de esos registros de candidatura. Su argumento, atendible del todo, es que debería considerarse trans sólo a quien ha vivido como tal o a quien la comunidad reconoce con esa identidad.
Lo que con seriedad puede destacarse de esta comedia de engaño y cinismo es la dificultad de establecer quién es quién en el caso del sexo, el género y la diversidad sexual; lo que significa un desafío legal sobre el cual valdría la pena que legisladores y jueces locales y federales empezaran a trabajar.
¿Qué es una mujer?
La pregunta no es una cuestión antropológica general, sino una que hacemos respecto de los asuntos electorales. Incluso debería siempre acompañarse de la fórmula inversa: “¿qué es entonces un hombre?”
Esto es importante porque el artículo 41 de la Constitución establece la obligación de que los partidos se sujeten a las reglas de paridad de género en candidaturas legislativas federales y locales, y generalmente tendemos a entender la distinción de género como si fuera la proyección mecánica de la distinción biológica entre hembras y machos, cuando se trata de la distinción entre hombres y mujeres en cuanto a la identidad de género que han construido unos y otras.
Esta cuestión tan compleja viene a cuento por el escándalo proveniente de Oaxaca donde 17 precandidatos hombres a alcaldías y diputaciones se registraron como personas trans, es decir, como mujeres transgénero y transexuales que originalmente han vivido o sido registradas como hombres. Desde luego no se ha tratado de un caso masivo de súbito cambio de identidad de género para estos varones, sino más bien de un calculado truco para que los varones se apropien de cuotas de representación que la ley establece de manera exclusiva para mujeres.
A la pregunta de ¿quién es una mujer?, la legislación electoral oaxaqueña ha contestado: “quien se adscriba a la identidad femenina”, es decir, se es mujer en el sentido convencional de que su sexo coincida con su identidad femenina, o bien si el sexo es masculino pero la identidad sexogenérica es de una mujer, o sea cuando la mujer es trans.
Seguramente, dado el escandalo social y la activa militancia de las organizaciones que han denunciado y exhibido esta anomalía de los hombres que hemos llamado “juanitos trans”, el registro ahora concedido se cancelará. Sin embargo, el que al menos de manera administrativa haya sido posible este registro nos debe llevar a una reflexión.
¿Basta con la autoadscripción individual para definir la identidad de una persona, sea étnica o de género? ¿Debe tratarse de un acto personalísimo de afirmación de una misma o bien es exigible un reconocimiento social o comunitario que valide nuestros dichos acerca de nuestra propia identidad?
La cuestión no es sencilla. Más allá del tono pintoresco que ha tenido esta noticia, lo que late en el fondo es un problema de definición al que la legislación debería conceder atención. Pronto atestiguaremos demandas de representación especial de otros grupos que soliciten cuotas electorales: grupos por edad (etáreos), personas con discapacidad, minorías religiosas o migrantes. Empezar a precisar jurídicamente la cuestión de las identidades en el terreno electoral sería prepararse para cuestiones que toda sociedad democrática ha de enfrentar.
Los primeros votos
Ya hay muchas personas que están votando. Estamos a casi dos meses a la jornada electoral del 1º de julio y hay votantes que han ejercido su derecho al sufragio. Se trata de mexicanas y mexicanos que viven temporal o definitivamente en el extranjero y que han solicitado ejercer sus derechos políticos activos en esta elección.
En este mes de mayo, las personas mexicanas registradas para votar desde el extranjero están recibiendo por mensajería los paquetes personalizados que habrán de devolver enseguida para que, una vez recibidos en México, sean contados en la tarde de la jornada electoral del 1º de julio.
El INE ha comunicado que 181 mil 256 personas mexicanas en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en el actual proceso electoral. En comparación con los más de 89 millones que se prevé quedarán en la Lista Nominal es una cifra muy pequeña, pese a nuestro país ha tenido una larga historia de emigración que hace que millones de mexicanas y mexicanos residan fuera de las fronteras nacionales; pero si se le ve en una perspectiva comparada, se trata de un avance mayúsculo, pues equivale a un aumento del 300% respecto de las elecciones federales de 2012.
Distribuida por países, la solicitud de credenciales para votar de personas mexicanas en el extranjero es coherente con el número de quienes se han inscrito para votar. Desde Estados Unidos se inscribieron 152 mil 337 connacionales; en un muy lejano segundo lugar, desde Canadá se inscribieron 6 mil 976; en tercer lugar se registraron desde España 3 mil 641, y desde Alemania 3 mil 153. El resto de registros se pulverizó entre muchos otros países.
Aunque el camino de ida y vuelta de las boletas electorales se ha hecho a través del servicio de mensajería, el trabajo de credencialización se hizo gracias al apoyo de la red de embajadas y consulados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que permitió la entrega directa de las credenciales para votar a las personas registradas.
Los votos recibidos se concentran en una bodega del INE con resguardo de seguridad del Ejército Mexicano y no se contarán hasta el domingo de la elección, cuando se abrirán en instalaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey.
Pese a que su peso en los resultados electorales será sin duda marginal, el voto de mexicanas y mexicanos en el extranjero es una señal de salud democrática que debe celebrarse.
La declinación de Margarita Zavala
La aspirante independiente Margarita Zavala Gómez del Campo se retiró de la contienda presidencial, y lo hizo sin declinar por algún candidato. El abandono de la contienda presidencial no deja de ser sorpresivo, porque había hecho un gran esfuerzo para cumplir con los requisitos legales de una candidatura independiente, no obstante que las encuestas de intención de voto le daban una prácticamente nula posibilidad de obtener la presidencia de la República. Debe recordarse que fue la única independiente a la que el INE le reconoció, sin mediación judicial, haber acreditado los apoyos ciudadanos suficientes para acreditar la validez de su candidatura.
El 16 de mayo, durante la grabación del programa Tercer Grado, de la empresa Televisa, la hasta entonces candidata independiente, dijo: “… retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política, pero también para dejar en libertad a los que generosamente me hayan apoyado y tomen su decisión como se debe tomar en esta difícil contienda para México”. Entre los motivos de su declinación, Margarita Zavala identificó no sólo la nula posibilidad de ganar la presidencia, sino también las condiciones de inequidad en el acceso a recursos y a mensajes de propaganda electoral.
Zavala se refirió a los partidos políticos como la fuente de los obstáculos que tuvo que enfrentar, dando a entender que las dificultades para la construcción tanto de su agenda electoral como para el desarrollo de su campaña provinieron de quienes desean mantener los privilegios que les da el sistema de partidos.
Al día siguiente, ya de manera formal, Margarita Zavala comunicó al INE su renuncia a la candidatura. Es probable que por lo avanzado de la preparación de la elección, su nombre aparezca de todos modos en la boleta presidencial, aunque los votos emitidos a su favor no contarían ni mucho menos se podrían abonar a otra candidatura. De este modo, los votos por ella se registrarían como votos por “ciudadanos no registrados”, precisamente por haber renunciado ya a la candidatura.
De manera inmediata se empezó a especular a qué candidatura se sumarían esos votos o si declararía su apoyo a alguno de los candidatos que quedan en la contienda. Cualquier decisión que ella tome al respecto, sin embargo, sólo podrá tomarse como una declaración de apoyo político, porque legalmente lo que obtenga de rendimiento electoral el 1 de julio ha dejado de existir como resultado oficial en su favor.
Un resultado adicional de esta renuncia es que la presidencia se jugará sólo entre candidatos varones, lo que no deja de ser una merma de diversidad.
¿A dónde van los votos de Margarita?
Una pregunta que circuló abundantemente apenas se conoció la declinación de la candidata presidencial independiente Margarita Zavala fue la relativa al destino de los votos que ella hubiera tenido de haber continuado en la contienda.
Debe recordarse que uno de los comentarios más o menos frecuentes que se escucharon cuando, tras su salida del PAN, declaró su intención de postularse como independiente, fue el de que entraría a la contienda con el fin de apoyar al candidato José Antonio Meade, en cuyo favor declinaría en algún momento. Se argüía que teniendo cercanía con Meade por la gestión de éste como secretario de Estado en doble ocasión durante el gobierno de Felipe Calderón, de haber declinación, ésta sería a favor de este candidato. También la cercanía de algunos panistas relevantes que se han distanciado de la dirigencia de su partido tanto con Margarita Zavala como con el candidato del PRI, parecía presagiar el mismo resultado. E incluso abonaba en esta dirección el que la ahora excandidata hubiera abandonado el Partido Acción Nacional en abierto desacuerdo con su entonces presidente nacional y hoy candidato presidencial Ricardo Anaya.
Sin embargo, parte de la sorpresa del anuncio de la declinación provino de que Margarita Zavala no se decantara por ningún candidato de los restantes y que señalara que lo que más le interesa es la construcción de una alternativa política para luchar en el futuro por la agenda que trataba de defender en esta elección. Dicho de otra manera, sugiere desde ahora la construcción de un nuevo partido político.
De todos modos, una pregunta subsidiaria de aquella con la abrimos nuestro comentario es la de sí, aún queriéndolo, podría esta candidata haber endosado sus intenciones de voto a otro candidato. La respuesta debe ser negativa. Quienes creen que las cuotas de apoyo electoral equivalen a paquetes de votos que se pueden trasladar mecánicamente de una candidatura a otra tienen una visión equivocada de un proceso electoral. La propia excandidata hizo bien en señalar que ella no es dueña de los votos que la hubieran favorecido.
Es importante señalar que ni siquiera las encuestas podrían identificar el destino de esa intención de voto, porque siendo proporcionalmente tan pequeña la población con intención de voto a su favor, sería extremadamente difícil reconstruir ese universo de posibles votantes para luego muestrearlo e identificar una nueva preferencia.
En democracias que cuentan con una segunda vuelta electoral es más factible que una candidatura que ya no competirá sugiera a sus votantes apoyar a una u otra de las candidaturas subsistentes, pero ni siquiera en esos casos esa sugerencia tiene garantías de seguimiento.
Los posibles votos de Margarita irán a quien decidan los propios votantes y nadie más.
Violencia en las elecciones
Decir que el nuestro se ha convertido en un país estructuralmente violento no es decir nada novedoso; pero vale la pena recordarlo para no dejar pasar los actos diarios de violencia que, además de mantener en zozobra a la población, tienden amenazas sobre el proceso electoral.
La democracia, por definición, es un procedimiento de decisión colectiva que se basa en la conducta pacífica de los actores políticos. Karl Popper, el notable pensador austriaco, sostenía que la democracia es la única vía pacífica para deshacerse de un gobierno y sustituirlo por otro, lo que la hacía superior a cualquiera otra forma de gobierno. Norberto Bobbio, por su parte, sostuvo que el método democrático sólo puede sostenerse si reposa, entre otros valores fundamentales, en el valor de la no violencia y la resolución pacífica y gradual de los conflictos. De este modo, si algo está en las antípodas de la experiencia democrática eso es el recurso a la violencia.
Desde luego, no es lo mismo la violencia general que asuela prácticamente a todos el país y la violencia política que se centra en los actores políticos y tiende a sustituir la ruta pacífica de las elecciones por la intimidación y el terror. Pero la extensión territorial de la primera y la impunidad para los actos del crimen organizado acaba por generar una seria amenaza para los propios sujetos de la democracia.
Evitar que esa violencia general se traslade al proceso electoral le corresponde a las autoridades federales y locales. Por la posición que ocupan estas autoridades tienen la obligación de ofrecer protección, seguridad y justicia a la ciudadanía de manera regular, pero también el deber específico de evitar que los procesos sociales constitutivos y cruciales como las elecciones queden en peligro.
Por eso es tan grave que este 20 de mayo Jorge Nájera García, supervisor electoral en Guerrero, haya sido asesinado en la carretera Federal Tlapa-Puebla, en la cabecera municipal de Alpoyeca, Guerrero. Jorge Nájera estaba adscrito al Distrito 06, con cabecera en Chilapa de Álvarez, y regresaba a su casa tras terminar su jornada laboral. Se sabe que fue interceptado por hombres armados quienes le dispararon.
El INE ha hecho una exigencia enérgica a las autoridades de que se esclarezca y castigue este crimen y se ofrezca protección a todos los funcionarios electorales que hacen posible el proceso electoral.
De noviembre a la fecha, más de 80 políticos han sido asesinados en México, como también ha sucedido con cientos de personas más. Desde luego, ninguna vida vale menos que las demás y la exigencia de justicia debe hacerse por todas las víctimas. En este caso, sin embargo, los efectos de la violencia criminal, además de todos los daños que conocemos, puede afectar la construcción democrática que con tantos esfuerzos se ha llevado a cabo en el país.
El segundo debate presidencial
El domingo 20 de mayo se celebró el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Esta vez, ya con cuatro aspirantes debido a la reciente declinación de Margarita Zavala, se midieron los tres candidatos de coaliciones y uno independiente. El debate se celebró y transmitió desde instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California, en la ciudad de Tijuana.
El eje temático de la discusión fue “México en el mundo”, con los subtemas de comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional, y derechos de los migrantes. La moderación estuvo a cargo de los periodistas Yuriria Sierra y León Krauze.
La novedad del formato residió en que también asistieron a la sede del debate 42 ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal y que han manifestado su intención de votar el 1º de julio. De ellos, 6 pudieron expresar preguntas a los candidatos relativas a los temas planeados. Las preguntas se prepararon con los moderadores para darles mayor claridad y evitar repeticiones.
Acaso se puede mejorar el segmento de participación ciudadana directa, porque a casi todas las personas que preguntaron se les notó un tanto inseguras, aunque el contenido fuera interesante y pertinente. Por el lado de los candidatos se notó incluso más soltura que en el primer debate, lo que dio lugar a una mezcla curiosa de propuestas con pullas y ataques personales que incluso llegaron a las ocurrencias y la imposición de apodos.
Entre los dichos llamativos, destacó la propuesta del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón (a) “El Bronco” de nacionalizar el Banco Nacional de México. Fuera de eso, las propuestas de cada candidato correspondieron a contenidos que ya aparecen en sus plataformas electorales. Hubo coincidencias acerca de elevar los salarios de las y los trabajadores y acerca de la necesidad de fortalecer la economía y desarrollo de las zonas fronterizas. En particular, Ricardo Anaya propuso promover una tasa cero de impuesto sobre la renta a quienes ganen menos de 10 mil pesos mensuales y garantizar la representación parlamentaria de las personas migrantes. José Antonio Meade propuso un programa de inversión e infraestructura para el Sur del país y una serie de políticas a favor de los migrantes “para no fallarles por segunda vez”. Andrés Manuel López Obrador, por su parte, propuso una “Alianza para el progreso” con Canadá y Estados Unidos y un programa de acción a favor de las personas migrantes, con la propuesta de que la próxima embajadora ante la ONU sea Alicia Bárcena, actual Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Los acercamientos físicos y solicitudes de abrazos entre candidatos no evitaron un tono ríspido y hasta molesto en la discusión. Sería lamentable que lo que más se recordara de la discusión fuera alguna broma sobre una cartera y un apodo.
¿Quién ganó el segundo debate?
La pregunta puede resultar de obvia respuesta para un seguidor o militante de una u otra candidatura: “mi candidato”, responderá convencida la persona.
Las cosas no son tan sencillas, sin embargo. Es frecuente que los partidarios de un candidato lo vean ganar en el debate al margen de su desempeño efectivo. Aunque los analistas profesionales y los profesionales desligados de posiciones específicas dieron por ganador, por ligera ventaja, al candidato Ricardo Anaya, también hicieron ver que esta consideración difícilmente se reflejaría en un cambio de las intenciones de voto con que llegaron los candidatos al encuentro.
En una cinta clásica de Akira Kurosawa, Rashomon (1950), un grupo de personas que han presenciado un delito dan su versión de lo que ha sucedido. Cada uno ofrece una versión lógica y verosímil de lo vivido, y sin embargo ninguna de las versiones coincide con las demás. Este es un ejemplo de disonancia cognitiva. Con frecuencia, el interés que tenemos en un asunto, o el involucramiento personal en el mismo, nos impide ver algo distinto a aquello para lo que estamos condicionados.
Pues bien, los debates entre candidatos generan con frecuencia un fenómeno de disonancia cognitiva. La posición preestablecida de cada observador funciona como un obstáculo para una experiencia de percepción objetiva y compartida. Al final, lo que ve y escucha cada partidario sirve por confirmar lo que ya sabía. La disonancia es irreductible porque también han sido irreductibles los puntos de partida.
Es cierto que los enfoques de personas más informadas y acostumbradas al pensamiento crítico pueden llegar a evaluaciones más allá de su propio interés y construir versiones de lo sucedido más equilibradas y racionales. Pero aun así no tienen garantías de persuadir a las grandes masas de votantes.
Por ello, en la medida en que la evaluación del debate no es completamente un fenómeno racional, buena parte de la batalla por ganar el posdebate se centra en aspectos como la identificación subjetiva, la explotación de prejuicios, el cultivo de emociones y las complicidades lingüísticas.
El segundo debate nos ha confirmado que este tipo de encuentros no son únicamente un espacio para que la ciudadanía obtenga información decisiva para orientar su voto, sino también espacios o escenarios donde los testigos proyectamos nuestra identidad, intereses y deseos.
Los debates, y de preferencia con la dinámica que ya los caracteriza en México, deben ser un paso para la construcción de una democracia deliberativa; pero también exigen un mejoramiento constante para evitar, como sucede con toda experiencia de la modernidad, que terminen por fatigar a las personas que han empezado disfrutándolos.
El padrón electoral
Este 28 de mayo el INE ha anunciado los datos definitivos del Padrón Electoral y de la Lista Nominal tras aprobar ambas bases de datos. Se trata de cantidades enormes de ciudadanas y ciudadanos que darán vida a la experiencia electoral que tiene su momento crucial el 1º de julio.
Los números pueden marear: el padrón electoral, que se conforma por los registros tramitados por la ciudadanía ante el INE, asciende a 89 millones, 332 mil, 31 personas inscritas. Cientos de países no alcanzan ese número de personas con el total de su población. De ese número de personas registradas, el 51.84% son mujeres y el 48.16% son hombres.
Decantada de este padrón, aparece la Lista Nominal, integrada por los registros de las personas que no sólo tramitaron su credencial sino también la recogieron. Esta lista asciende a 89 millones, 123 mil, 355 registros. De estos, el 51.85% son mujeres y el 48.15% son hombres. La Lista Nominal de Electores en el Extranjero asciende a 181, 256 registros, y es la más alta contemplada en la historia electoral mexicana.
Quedó excluido del Padrón electoral el registro de 159 mil 753 credenciales que no fueron recogidas a pesar de haberse realizado su trámite, así como 52 mil 567 duplicados y 10 mil 631 registros con datos personales irregulares o falsos. El Registro Federal de Electores identificó que 703 registros usaron documentación apócrifa, 1344 usurparon identidad y 8 mil 327 proporcionaron un domicilio irregular. Se eliminó también a 63 mil 672 ciudadanos por notificación judicial. La suma de estas bajas arroja una proporción ínfima del universo de registros del padrón, lo que muestra que se trata de un sistema confiable que refleja los datos de la mayor parte de la población mexicana con seguridad y certidumbre y, sobre todo, que la población ha depositado sus datos con confianza en el mismo.
La historia del padrón electoral es, en gran medida, la historia de la transición democrática mexicana. Buena parte de las prácticas electorales fraudulentas del pasado se hicieron con base en manejos sesgados o alteraciones de versiones antiguas del padrón electoral. De allí que un registro óptimo como el que ahora se tiene se haya convertido en una prioridad de la autoridad electoral y del país en su conjunto.
De la seguridad de su integración y de la fidelidad de sus datos depende en gran medida la limpieza del proceso comicial. Por ello es importante destacar que tanto la consistencia del Padrón como la del Listado nominal ha sido avalada por un Comité técnico de expertos independientes. Sobre la base de su dictamen, el Consejo general del INE aprobó ambas bases de datos.
Las ilegalidades de Rodríguez Calderón
El 28 de mayo ha surgido una noticia que debería tener un amplio impacto: el INE ha sancionado al candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón (a) “El Bronco” y además ha solicitado que se abra una investigación judicial por delitos de distinto tipo.
Es necesario no confundir cuál es la materia de este proceso sancionador. No se trata de la cuestión de las firmas inválidas que por decenas de miles había detectado el INE en el proceso de aprobación de las candidaturas independientes. En algún sentido, ese tema se cerró con la sentencia del Tribunal Electoral que ordenó conceder el registro a esta persona por considerar que su derecho de audiencia para aclarar esas supuestas irregularidades no había sido satisfecha por el INE.
Lo que el INE anuncia ahora es una sanción de 739 mil pesos contra este candidato independiente a la presidencial por haber averiguado que “… utilizó un esquema de financiamiento ilegal por 12 millones 800 mil pesos, que se desplegó en al menos tres actos” durante el proceso de acopio firmas para la candidatura presidencial independiente.
Según el INE, “El primer acto tuvo que ver con en el uso de recursos humanos del gobierno de Nuevo León” de donde Rodríguez Calderón es gobernador con licencia. “Unos 652 servidores públicos, de 229 dependencias públicas de Nuevo León, en vez de cumplir con su trabajo, se dedicaron en días y horas hábiles a la recolección de firmas…”. Esto equivaldría al uso indebido de 2 millones 608 mil pesos.
El segundo acto de esta trama se habría dado con la “simulación de haber recibido recursos legítimos de ciudadanos en la cuenta bancaria de la asociación civil Viva la Independencia”. Rodríguez Calderón declaró aportaciones por 17 millones y medio de pesos de 152 personas físicas, pero la revisión del INE identificó numerosos casos de personas que poco antes de hacer la transferencia bancaria a esa asociación civil habían recibido las mismas cantidades por parte de empresas mercantiles. Resalta en el informe de la autoridad que “casi la totalidad de estos ciudadanos tienen escasos recursos económicos”, y sin embargo donaban cientos de miles de pesos. “Se trata de una triangulación para hacer parecer a ciudadanos como legítimos aportantes cuando en realidad el dinero provino de empresas con las que esos ciudadanos no tenían relación alguna”. A esto se suma que estas empresas son con frecuencia de operación irregular, sin capital y sin aportaciones al IMSS, es decir, empresas fantasmas.
El tercer acto irregular es el caso de 6 millones 630 mil pesos pagados por el ahora candidato a auxiliares para recabar firmas y que no fueron reportados al INE. Se trata de mil 35 auxiliares del precandidato que recibieron pagos por medio de tarjetas fondeadas por tres empresas mercantiles del tipo de las ya mencionadas.
El INE sancionó al candidato con una multa de 739 mil pesos; pero también ha dado vista a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, al Servicio de Administración Tributaria, a la Procuraduría General de la República y a la FEPADE, para avanzar en las investigaciones por la vía penal. Esto es así porque “… se presumen delitos como malversación de recursos públicos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
El peso de las encuestas
Los procesos electorales contemporáneos suelen ser acompañados por un aluvión de encuestas. Estos ejercicios demoscópicos (estudios de opinión, gustos y comportamientos de una población) se hacen imprescindibles no sólo para que los actores partidistas y sus candidaturas orienten sus campañas sino también para que los posibles votantes sepan dónde están situadas sus preferencias en un momento determinado o a favor de quién sería más útil colocar su voto.
Las encuestas, y estos incluye a las mejor hechas, no predicen lo que sucederá, sino que establecen la posibilidad de que algo suceda. No hay encuesta sin margen de error y la historia política contemporánea nos ha enseñado a tomarlas con reserva, “con un grano de sal” (Cum granum salis). Las experiencias recientes del triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016 o el triunfo del sí en el Brexit británico son recordatorios de que buena parte de las opiniones y decisiones de los votantes puede quedar oculta a los más rigurosos estudios demoscópicos.
Pero dicho esto, debe destacarse el valor informativo de estos ejercicios de información al servicio de la opinión pública. Cuando su base científica es sólida en términos del diseño de cuestionarios, de los medios para acercarse a la población, de los alcances cuantitativos de la muestra, de la definición de las poblaciones consultadas, del procesamiento técnico de los datos, de la edición de resultados, etcétera, podemos esperar que las encuestas se acerquen notablemente a los resultados que vendrán con la elección.
Desde luego, siempre existe el riesgo de que los propios contendientes partidistas y otros sujetos interesados puedan mandar a hacer encuestas sesgadas y a la medida, con el propósito no de construir información sino de avanzar en la persuasión del electorado. Por ello es importante separar el polvo y la paja en esta materia.
La relevancia y peso de las encuestas para la vida democrática ha sido reconocida por el gran encuentro que el INE organizó el 30 de mayo: “El papel de las encuestas en el proceso electoral”. Prácticamente ningún gabinete serio de estudios demoscópicos quedó fuera de este diálogo. Desde los problemas de metodología y control empírico hasta los usos políticos de los resultados fueron los temas discutidos por las y los expertos aquí convocados.
El mismo INE mantiene una normatividad precisa sobre las encuestas por muestreo, los sondeos de opinión, las encuestas de salida y los conteos rápidos no institucionales. Se trata de una guía que garantiza la seriedad de los estudios demoscópicos sobre el comportamiento electoral y que a la vez limita la posibilidad de hacer usos facciosos de estos instrumentos o de falsear los estudios mismos.
Si la democracia ha de convivir con las encuestas, que sea con las más serias y de mejor calidad.
